martes, 24 de febrero de 2015

Entrevista en el cIUdadanos de Izquierda Unida (febrero 2015)

Colgamos la entrevista realizada a nuestro compañero Ángel Luis Domínguez en el boletín cIUdadan@s de Izquierda Unida Santa Marta en este número de febrero de 2015.

Desde 2013, ACUSAM (Asociación de Consumidores y Usuarios del Transporte en Santa Marta y el alfoz salmantino) está trabajando para mejorar el deteriorado servicio público de transporte interurbano. Precios abusivos, trayectos incompletos y escasa voz ciudadana escuchada son las principales quejas que los vecinos tienen con respecto al servicio, que siempre constituye uno de los temas más polémicos y calientes de la agenda política del municipio. Pero no sólo es el autobús uno de los temas en los que trabaja ACUSAM sino que también está desarrollando acciones en otros ámbitos como el privatizado servicio del agua, el estado del comercio en Sta. Marta (especialmente el pequeño comercio minorista), colaborando con la Asamblea Ecologista y tratando de regenerar el tejido asociativo del pueblo.
Ángel Luis Domínguez es el actual secretario de la asociación que trabaja para que la voz de los ciudadanos y ciudadanas del municipio y de todo el alfoz salmantino se tengan en cuenta, y que luchan en estos momentos para posicionarse como nexo de unión vecinal y a través de esa unión articular todas las denuncias, reclamaciones y sugerencias para mejorar tanto el sistema interurbano de transporte público como en los otros asuntos en los que trabajan.

cIUdadan@s: ¿Es el transporte público el tema sobre el que más consultas y quejas recibe ACUSAM?
Ángel Luis Domínguez: Sin ninguna duda. Aunque es cierto que los continuos reventones del sistema de alcantarillado y la nula gestión de los mismos por parte de Ayuntamiento y la empresa concesionaria han sido denunciados a través de nuestra asociación, es el transporte público el que más quejas nos trae. Podemos decir incluso, dada la configuración de Sta. Marta como ciudad dormitorio, que es un tema crucial y básico de la agenda pública del municipio. No pasa un año sin que el servicio sea peor, más caro, cumpla menos las exigencias y perspectivas de los usuarios y encima sus cuestiones se deciden a través de un organismo, el consejo rector, que nada tiene de transparente, democrático y vecinal.

C: ¿En qué consiste este Consejo Rector?
AL: Las competencias en materia de transporte público están en manos de la Junta de Castilla y León. A través de ella se crea el Consejo Rector con representantes de la Junta, las empresas concesionarias, así como los alcaldes y concejales de urbanismo de los distintos ayuntamientos que forman parte del sistema. En este Consejo Rector también hay hueco para las asociaciones vecinales y de consumidores, estando en el actual un representante de FEVESA, entidad a la que agradecemos su colaboración porque ya ha llevado a las reuniones y ponencias técnicas algunas de nuestras reclamaciones. El mandato del Consejo Rector no se corresponde ni en las fechas ni duración de una legislatura municipal, siendo de 6 años su duración, y caducando el actual, en 2016, lo cual conlleva una situación de alejamiento de las decisiones que afectan a los ciudadanos fuera de su ámbito, tanto en la información sobre el mismo, como el control político de la entidad, constituyendo todo ello entonces un organismo muy poco democrático.

C: ¿Entiendo entonces que el objetivo principal de ACUSAM es entrar en ese Consejo Rector?
AL: Si así es. Creemos que para poder lograr un cambio en la forma de hacer de administraciones y concesionarias con respecto a este tema es llevar la voz de los consumidores con la mayor fuerza posible a estas reuniones, que suelen celebrarse en Valladolid, indistintamente se hable del transporte en Salamanca o en Burgos, por poner dos ejemplos.
No podemos dejar de denunciar como en el Consejo, la voz de los usuarios, de los vecinos es apenas tenida en cuenta y sin embargo, las reclamaciones, incluso chantajes de las concesionarias se aprueban sin preguntas.
Hay ejemplos lacerantes: En junio del año pasado, el ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada solicitó a la concesionaria que reparara la marquesina de una de las paradas como así se recoge en el contrato de concesión del servicio. Sin embargo, administración y concesionaria se aliaron para evitar ese pago o inversión que finalmente tuvo que realizarse con dinero público. Pero es que en la misma reunión, Calvarrasa de Abajo, solicitaba la instalación de una parada para poder llevar a cabo la creación de una línea, algo que aprobaba la ponencia técnica y obligaba a esa inversión a la concesionaria. Pero otra vez, administración y concesionaria votaron a favor para evitar esa inversión y así desechar la creación de la línea. El argumentario era que como no existía línea no tenían por qué hacer esa inversión. Resumiendo, da igual cual sea la reglamentación, que la decisión final siempre va a ser a favor de las concesionarias.

C: ¿Y cuáles serían las reclamaciones de ACUSAM en materia de transporte público a día de hoy?
AL: Básicamente las dividimos en tres apartados:
En primer lugar, el precio. Es imposible hacer rentable un servicio cuando su precio es tan abusivo y falto de legalidad. Mientras todos estos años nos han colado las subidas del IPC y del combustible como alegatos para justificar el precio, ahora que la gasolina está bajando y el IPC se retrotrae han congelado cualquier posible bajada del precio del billete unitario, algo a lo que están obligados en virtud del reglamento del Consejo Rector. Desde ACUSAM nos tememos que se haga cerca de las elecciones.
En segundo lugar, los trayectos. Aunque todas las líneas tienen deficiencias tanto en los horarios de salida y llegada, como en las frecuencias y como las zonas a las que se llega, es fundamental adecuar todas las líneas a la horas punta, tanto de entrada y salida, a las horas de entrada y salida en los puestos de trabajo y colegios para hacer así más atractivo el uso del transporte público. Y una reclamación básica es mantener en verano el servicio de Sta. Marta a hospitales y estación de autobuses, que ahora suspenden en cuanto termina el curso universitario.
Por último, nos preocupamos por las reclamaciones y voz del usuario. Desde que la empresa Albertur, decidió cerrar su oficina en el centro de Salamanca, venimos reclamando su reapertura, no sólo para poder dispensar los abonos transporte, sino muy importante para concentrar en un lugar céntrico el punto para poder efectuar las reclamaciones que los usuarios tengan a bien realizar a través de las hojas de reclamación de la junta, a lo que, no lo olvidemos, están obligadas las empresas por ley. Es importante para que se pudieran articular a través de ellas y de las distintas OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor) tanto las reclamaciones como las valoraciones del servicio para su mejora. Y por supuesto también, confinamos a las concesionarias a habilitar espacios similares en cada municipio por los mismos motivos.

C: ¿Con esto consideran que mejorarían la calidad del servicio?
AL: No tenemos ninguna duda en ello. Ahora mismo las concesionarias están obligados a unos mínimos, que por ejemplo en materia de seguridad y mantenimiento de vehículos, incumplen. No olvidemos que el año pasado se incendiaron tres vehículos en tres líneas y con personas haciendo uso de ellos. No podemos ignorar las continuas averías de muchos de los vehículos. Ni tampoco las aglomeraciones e inseguridades vividas por ejemplo en la línea de Sta. Marta en horas punta o los fines de semana, y ante los que la concesionaria se niega constantemente a aportar vehículos de refuerzo como así se comprometió en su día en el Consejo Rector.

C: ¿Se creen los mensajes de las empresas concesionarias de que las líneas son deficitarias?
AL: Ahora mismo sí. Con beneficios sólo tenemos a la línea de Santa Marta, pero claro sus beneficios dan a nuestro juicio, para salvar los balances de todas las líneas y concesionarias. Y en el resto de líneas si se tiene el pacto de que sean los propios ayuntamientos con dinero público los que cubran las supuestas pérdidas de la prestación del servicio, eso nos lleva a encontrarnos con ninguna voluntad por parte de las empresas para plantear alternativas que hagan más atractivo el servicio.
Pero no todo acaba ahí, sino que también queremos saber a cuánto ascienden lo que cobran en concepto de publicidad en los vehículos, marquesinas o tarjetas de abono.

C: Aparecen voces que indican que sería mejor introducir el sistema interurbano en el urbano de Salamanca, o cuando menos conceder todas las líneas a Autobuses salmantinos, ¿qué opina de ello?
AL: A priori podría parecer una buena idea. Es verdad que el sistema urbano aún con críticas sí logra cumplir lo que los vecinos demanda de él. Pero en el caso del alfoz salmantino, si se estudia con detenimiento se ve que mientras no se cumplan una serie de requisitos no se puede llevar a cabo. No es lo mismo un sistema urbano que uno en el que la población está mucho más dispersa y que incluso podemos decir que se está alejando de Salamanca.

C: Efectivamente, parece que los últimos estudios demográficos y censos confirman la hipótesis de la creación de un "segundo cinturón" de población en torno a Salamanca, quedando el primero, en el que se encuentra Sta. Marta parece ya con su tope de población, ¿cómo puede afectar esto al desarrollo del sistema de transporte público?
AL: El crecimiento espectacular que había experimentado el área metropolitana de Salamanca y muy en particular Santa Marta, que había pasado de ser un pequeño pueblo de carácter agrario a ser una ciudad dormitorio de la capital, ya estaba a punto de tocar techo. Esto era evidente. Ahora mucha población se está alejando de la ciudad, de los pueblos del entorno y marchando a otros municipios como Miranda de Azán, Terradillos, las dos Calvarrasas, Castellanos de Moriscos o Aldeateajada. Incluso, no lo olvidemos, los propios vecinos de Sta. Marta que entre la falta de oportunidades laborales en la provincia han emigrado o que por el precio del suelo están marchando a estas localidades.
Evidentemente esto trae grandes retos para poder configurar un servicio de transporte público que sea capaz de llevar a las personas a su trabajo, a su ocio y a su domicilio dentro de unos límites que garanticen la igualdad de derechos independientemente de donde se viva.
Los planes de urbanismo y por ende el plan general para el transporte público, sin olvidar, por supuesto el tráfico que es un grave problema para Salamanca, una ciudad Patrimonio de la Humanidad y que es lo que nos da nuestra principal industria que es el turismo, nos obligan a todos a repensar qué modelo de área metropolitana queremos tener y si estamos dispuestos a seguir dando al vehículo propio la supremacía del espacio tanto en las vías como en las calles.
Esto es un reto no sólo para la movilidad sino para el sistema económico actual.

C: ¿A qué se refiere con el sistema económico actual?
AL: Ahora mismo vemos como el ocio se ha alejado de los centros urbanos. Para ir al cine tenemos que ir a la periferia. También para hacer las compras, lo que ha derivado a su vez en el deterioro del comercio tradicional. Valga un ejemplo en las cadenas de ropa que ocupan esos espacios en el centro de Salamanca y que han cambiado puestos estables, mejor remunerados y de mayor profesionalidad, por empleo temporal y de baja cualificación.
Como dicen pensadores como Chomsky para este cambio se ha hecho imprescindible convertir el vehículo propio, el coche, no en un elemento de movilidad, sino en un elemento de status, de supremacía frente a los demás, como un ejemplo más del cambio entre cooperación, por competencia, lo que conlleva aislarnos cada vez más como seres humanos, y despojándonos de la capacidad de moldear cambios que ayuden o a conservar los espacios naturales o a clamar por un transporte urbano de mayor calidad, capacidad toda ella que si tenemos como sociedad.
Ahora mismo más que ciudadanos, nos tratan como consumidores a los que nos dan una cierta dosis de democracia con elecciones más o menos periódicas, pero que a la larga no deciden nada de nuestras vidas. Somos carne de cañón de un sistema financiero que nos ve como un mercado de trabajo o como un mercado de venta de productos. Si no somos capaces de unirnos en la defensa de nuestros derechos y libertades, tanto como ciudadanos, como consumidores, como trabajadores; si dejamos que los espacios naturales sean solamente recursos de las cuentas de gastos de las empresas y que nuestros servicios básicos de sanidad, educación o sociales se privaticen perderemos a la larga la capacidad de prosperidad para el bien común, así como nuestra libertad, que ya tenemos muy mediatizada en función de la cuenta bancaria de cada uno.

C: ¿Están en contra de los procesos de privatización y servicios públicos?
AL: No puede ser de otra forma. Si dejamos que la educación, que la sanidad y los servicios sociales se conviertan en beneficios empresariales, vamos a perder las tres columnas que garantizan la igualdad de oportunidades entre ciudadanos, lo que llevará a una sociedad dual de privilegiados frente a oprimidos, lo que traerá la inestabilidad social e incluso la violencia e inseguridad.

C: Hablemos del servicio privatizado del agua, ¿Consideran que se está dando un mejor servicio a cuando esté era de provisión pública?
AL: De ninguna manera. No sólo recibimos un servicio por el que pagamos más. La diferencia entre las facturas de agua de Aqualia y las que recibíamos con el servicio público, se han quintuplicado, cuando decir que hemos duplicado nuestra capacidad adquisitiva estos 11 años (en 2003 se privatizó el servicio) es cuando menos atrevido.
Pero es que además, algo que llevaba denunciando gente como Izquierda Unida desde antes que era el deplorable estado de las canalizaciones y tuberías no recibió ninguna atención, hasta que se han empezado a suceder los reventones en distintos puntos del municipio.

C: Y ante esos reventones, ¿Cómo valoran la actuación del Consistorio de Santa Marta?
AL: Pues tiene muchos adjetivos y ninguno bueno.
Podemos calificarla de antidemocrática, ya que concedieron el servicio de agua, no sólo básico sino contemplado como uno de los derechos del hombre, a una empresa privada sin consultar a los vecinos.
Podemos hablar también de dejación de funciones por parte del Ayuntamiento, tanto para obligar a la concesionaria al mantenimiento del buen estado de la red, como de la calidad del agua que llega a nuestros grifos así como garantizar las compensaciones y reparaciones en los domicilios y negocios ante un caso de avería.
Y también podemos hablar mafiosa, puesto que en el reglamento de concesión del servicio de abastecimiento, se deja desprotegidos a los consumidores (por ejemplo, el actual artículo 8, en el cual se dice que los usuarios, bajo su propia responsabilidad y ante cortes de suministro, deben adoptar las medidas necesarias para cubrir dichas contingencias). Lógicamente desde ACUSAM solicitamos la modificación de este reglamento, cuando no la recuperación de un servicio básico, para todos los santamartinos.
Desde ACUSAM también queremos preguntar al Ayuntamiento de Santa Marta, donde está la remesa de superávit de 700.000€ que anunciaron en los presupuestos 2014. ¿Ese dinero público está en un cajón dispuesto para ser empleado cuando el rédito electoral sea mayor?

C: ¿Y cuál es la respuesta del Ayuntamiento?
AL: Pues ahora mismo ninguna. En diciembre se registraron una serie de cuestiones en el Ayuntamiento como preguntas ciudadanas, a las que están por ley obligados a dar contestación en 15 días hábiles. No lo hicieron y así lo reclamé personalmente en pleno del día 29 de enero, para decirme el señor alcalde que no piensa responderme porque nuestras preguntas eran "retóricas o capciosas que formulan, la mayoría de los datos que piden los pueden obtener en nuestra página web o Portal de Transparencia". Ya me dirán si preguntar el número de quejas que ha recibido la oficina de Aqualia, o saber hasta cuándo es la concesión del servicio es capcioso o retórico y no un derecho a la información al ciudadano.
Por otro lado y en lo referente a la web y al Portal de Transparencia, quiero añadir que si las nuevas tecnologías lo que van a hacer es separar al representado de su representante, más que un avance, nos acercaremos a tiempos pasados muy oscuros en los que la democracia no era sino una quimera.
Por eso quiero aprovechar este espacio para reclamar al alcalde y a la corporación que cumplan con su obligación y contesten a ACUSAM y a cualquier vecino y/o asociación en sus demandas y preguntas.

C: Y en cuanto a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)¿Cuál es su valoración?
AL: Estamos muy contentos, con la labor allí desarrollada con la que además colaboramos recíprocamente. Lo único que lamentamos es la escasez de horas, por mandato de la administración que tiene la trabajadora para poder atender toda la amalgama de quejas y resoluciones a las que tiene que hacer frente, por lo que aprovechamos para felicitar a la OMIC por su trabajo hasta ahora, pero también para reivindicar mayores horarios (un turno de tarde sería muy útil), más medios y también campañas más extensivas para dar a conocer a los vecinos de su existencia y de que es una herramienta fantástica para defender nuestros derechos tantas veces pisoteados por las empresas.

C: Suponemos que también reciben quejas de eléctricas, telecomunicaciones y bancos¿Es así?
AL: Si. Aunque en menor número que en cuestiones referentes al autobús que es el caballo de batalla con el que nos hemos presentado. Este tipo de servicios, curiosamente todos ellos antiguamente públicos y desmontados y privatizados, han dejado, a nuestro juicio, de contribuir a la riqueza nacional y a fuentes de empleo estable, para ser beneficios de unos pocos y fábricas de quejas de los consumidores.
Además, nos hemos dado cuenta de que es necesario educarnos y educar a toda la ciudadanía en cuestiones tan básicas como leer una factura eléctrica, un pliego de comisiones bancario, a no aceptar ni poner fácil la lectura de contadores, porque los usuarios no tenemos por qué asumir el trabajo que deberían de hacer las distribuidoras, o a entender que una línea de ADSL de hasta 20MB no significa que vayas a navegar a esa velocidad.
Nosotros tanto a través de la OMIC o a través de FACUA, entidad con la que colaboramos y a la que estamos tremendamente agradecidos, estamos elevando todas las reclamaciones que nos llegan, sobre cualquier tema, para tratar de conseguir que sea el ciudadano, el vértice sobre el que sustenta la calidad de los bienes y servicios que adquirimos.
Por eso, lo único que podemos hacer es animar a todos los vecinos y vecinas a que dediquen unos minutos a comprobar sus recibos y facturas. A valorar si se ha cumplido la legalidad vigente, a consultarnos para ello y así, si lo estiman oportuno denunciar a las autoridades los atropellos que diariamente estamos sufriendo.

C: En otro orden de cosas, también tienen el comercio minoritario como uno de sus puntos de interés,¿Cuáles son los problemas que tiene este sector?
AL: La brutal competencia de las grandes superficies, pero sin duda lo más lacerante es el absoluto desprecio con el que las administraciones tratan a los pequeños comerciantes. Desde ACUSAM nos sumamos a las reclamaciones que sus propias asociaciones y sindicatos han hecho para parar los favores que se hacen desde organismos públicos como ayuntamientos o la Junta con las grandes superficies. La libertad de horarios es un absoluto despropósito porque lo que es una libertad para los consumidores, no lo es para los trabajadores y los pequeños empresarios del comercio. Así lo que estamos haciendo es perder un pequeño comercio característico y propio de Salamanca en favor de grandes superficies y cadenas internacionales que homogenizan todos los centros comerciales y lo que es más grave, todos los centros de nuestros municipios y ciudades.

C: ¿Y existe alguna alternativa para cambiar esa tendencia?
AL: Evidentemente debe de ser un cambio social que venga desde la educación. Lo que lógicamente parece que dará un cambio lento. Pero tenemos bien cerca un ejemplo magnífico y estimulante: El Trabajo de ZOES, en el Barrio del Oeste de Salamanca. Los problemas que allí se presentaban para comerciantes y vecinos no son muy diferentes a los que suceden ahora mismo en Santa Marta y otros municipios de mismo corte social. Y sin embargo sin miedo, con mucho trabajo y con muchas ganas por cambiar las cosas han convertido un barrio deprimido en una fuente viva de riqueza cultural inconmensurable. Tenemos un "Soho salmantino" que es un modelo de como transformar un entorno urbano en un lugar más agradable y estimulante para vivir. Y de esto se han beneficiado también los comerciantes, que antes pusieron voluntad y trabajo.

C: En cuanto al medio ambiente, ¿qué actuaciones promueven?
AL: Centrándonos en Santa Marta estamos colaborando con la Asamblea Ecologista para tratar de dar más voz y conseguir una serie de propuestas y reclamaciones que son básicas a nuestro juicio. Tenemos en nuestro municipio un tesoro como la Isla de El Soto, que una vez más, va a ser utilizada como arma electoral arrojadiza, y mientras el entorno natural se deteriora y se pierde. Estamos a la espera de que el CHD (Confederación Hidrográfica del Duero) anuncie las actuaciones a realizar y mucho nos tememos que aparte de servir como un propósito electoralista con dinero público, en este vergel de todo el alfoz se va a proyectar otro proyecto megalómano en el que el conservacionismo y la puesta en valor va a dejar paso al cemento y la financiación de empresas constructoras.
Somos muchos los vecinos de Santa Marta que queremos un proyecto para la Isla de El Soto, como el de la Fundación Tormes en Almenara del Tormes, donde la naturaleza sobresale por encima de cualquier intervención del hombre, y que además puede ser un punto de atracción para posibles visitantes de un día.
Pero además queremos denunciar y así lo hemos hecho ante el ayuntamiento el estado de abandono de las otras riberas del municipio, las sendas y veredas que la surcan y la proliferación de escombreras y vertederos ilegales.

C: Y como asociación, ¿Cuáles son las mayores dificultades y riesgos que se encuentran?
AL: En Santa Marta hay que reconocerle al Partido Popular su éxito en el laminado de todo asociacionismo reivindicativo y social. Han aprovechado la ola de conservadurismo neoliberal para con pocas medidas hacer muy difícil el trabajo de los ciudadanos que quieren informarse y trabajar para mejorar el entorno en el que viven.
Pese a la buenísima disposición de los funcionarios que nos han ayudado facilitándonos los espacios de participación ciudadana nos hemos encontrado más de una vez con las puertas cerradas por edictos de la corporación que nos dejan a todos los vecinos sin ellos, a su antojo.
Hemos recibido amenazas de sanción por pegar carteles anunciando nuestros actos.
Además, nuestra actividad sufrió un revés muy importante cuando el año pasado se nos denegó la subvención que da el ayuntamiento. Fuimos la única asociación que no recibió dinero público el año pasado, porque ya habíamos sido suficientemente contestatarios a la actuación de las administraciones y las empresas.
Ese dinero queríamos dedicarlo en una parte al estudio por parte de profesionales de un plan de viabilidad y uso para el transporte público, para todo el alfoz, y así presentarlo como alternativa a lo que tenemos hoy en día. Y la otra parte para promover algunas acciones el Día Europeo de Movilidad, que pusieran en valor tanto el transporte público, como el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo.
No pedimos un trato de favor ni mucho menos, sólo lo mismo que el resto de asociaciones, de índole cultural, deportiva o fiestera como las peñas, sobre todo cuando los socios desarrollamos la actividad de la Asociación en nuestro tiempo libre, y con las dificultades que conlleva muchas veces compaginar nuestros trabajos y estudios con los horarios de atención al público de ayuntamiento, junta o diputación.

C: ¿Cuál es el mensaje final que lanza ACUSAM?

AL: La unión cooperativa y la colaboración de todos los vecinos y vecinas es lo que nos puede dar fuerza como ciudadanos. Tenemos las herramientas y sólo nos hace falta un cambio en la mentalidad para estar informados y poder ser así críticos con el poder. Es la única manera para poder defendernos de las agresiones que sufrimos cuando desarrollamos nuestro papel de consumidores. Si dejamos pasar cada tropelía y atropello que padecemos en cualquier ámbito y con cualquier bien o servicio que adquirimos, perdemos capacidad para dar respuesta ante ellos haciendo que en un futuro, en pocos años, seamos únicamente sujetos pacientes de un deteriorado sistema económico que prima su ilimitado beneficio por encima de los derechos y libertades del ser humano.

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