Erre que erre

De todos es bien sabido que, tanto la política municipal de pueblos del alfoz como Santa Marta, así como de movimientos vecinales como el de ACUSAM, está estrechamente ligada a la situación deplorable del transporte público. El autobús, lo hemos reiterado en incontables ocasiones, es un servicio elemental para la vida de los municipios y de sus habitantes, enlazando con la capital salmantina pero también entre sí.

Sin embargo, lo que debiera ser visto como una oportunidad de un tipo de movilidad pública, socialmente más integradora, y medioambientalmente más sostenible, es para unos cuantos y cuantas un negocio redondo donde no caben otros intereses que los económicos.

Si ya el pasado mes tuvimos que dar la voz de alarma porque se pretendía (y se realizó de facto) una subida de los billetes y tarjetas, y que fue parada por la ira de usuarios y la mayor parte de los ayuntamientos, para muchos de nosotros ha sido muy desagradable volver a presenciar, sin previo aviso para los consumidores, otra subida desproporcionada en el mes de junio. 

De nuevo hemos visto cómo las empresas concesionarias (Autobuses Salmantinos, Arribes Bus, Moga, y Cosme) han preferido subir precios en vez de negociar a la baja o a realizar innovaciones en los trazados y en las frecuencias haciendo más atractivo el uso del transporte. Por otro lado, empezamos a sospechar que la Dirección General de Transporte de la Junta de Castilla y León, dirigida por José Antonio Cabrejas, se exime de su responsabilidad política (son quienes acaban decidiendo de forma unilateral toda la política de transporte, incluidos los precios). Es por ello que tenemos un profundo interés en que nos expliquen a la ciudadanía si ellos han autorizado la subida (tal y como marca el Plan Coordinado del Transporte), y si no es así, qué medidas tomarán contra las empresas.

Por otra parte, tenemos que denunciar que finalmente se ha realizado un incremento que sigue estando muy por encima del IPC (0,3%), con continuos redondeos que curiosamente siempre son al alza. Como ejemplo, el billete ordinario de pensionista, que sube un 7,7% de golpe. 

Estos aumentos, tal y como se observan en la tabla, llevan a un inaudito incremento que ronda entre el 22% y el 40% desde 2008. Recordamos que el esfuerzo económico por tener un bono combinado en una familia con dos hijos puede alcanzar los 180 euros mensuales.

Por si fuera poco, vemos que después de años de reivindicaciones, el servicio sólo ofrece ligeras mejoras y siempre a las líneas con superávit (como el servicio búho de los sábados en Santa Marta), y a cambio seguimos sufriendo los mismos problemas en el conjunto del alfoz (insuficientes frecuencias de las líneas, horarios incongruentes, líneas sin conexión entre sí). Problemas que se únen a la deficiencia y antigüedad de una buena parte de la flota de autobuses, y que como sucedió en Cabrerizos hace unos días, pueden incluso poner en serio peligro a vida de los viajeros y el buen desempeño y profesionalidad de los conductores.

Por todo ello, y destacando la gravedad del asunto, nos dirijimos a la Junta y a los Ayuntamientos implicados para que tomen cartas en el asunto, destacando los siguientes puntos a retomar lo antes posible:

-La reunión inmediata de los miembros del Consejo Rector para estudiar medidas que impliquen sanciones a las empresas y la no renovación del contrato (en 2019)

-Ser valientes, olvidándose de las siglas políticas, e intentar solventar los problemas de precios, frecuencias, líneas, y otros servicios que venimos denunciado desde hace meses. Valorar las formas de financiación y mejorar el servicio deberían ser prioridades

-Por otro lado, volvemos a pedir un cambio de modelo de toma de decisiones, pasando el Consejo Rector (representante de todas las partes) a ser el lugar donde se decida realmente el futuro del transporte metropolitano, que pasa por ser entre otras cosas más asequible, con fomento de más horarios, y con un servicio integrado por una única empresa