Durante los últimos días, a través de impresos pegados en las ventanas de los autobuses (puesto que su página web no contiene ningún apartado de avisos o noticias), hemos sabido que la empresa Autobuses Salmantinos (concesionaria de los servicios de Peñasolana, Carbajosa, Cabrerizos, Villares, Villamayor, y Santa Marta), ha abierto un nuevo punto de venta y recarga en el Centro Comercial El Tormes, concediéndoselo a una papelería instalada allí.
Los miembros de la Asociación llevaban recogiendo desde hace tiempo el malestar de no tener una oficina de la compañía en las cercanías a Gran Vía (zona de parada de prácticamente todas las líneas de la empresa), teniéndonos que conformarnos con el kiosco que hace esquina con la Cuesta de Sancti Spíritus, donde estaba ubicado el punto de venta y recarga autorizado. Lo que en la práctica, supone un parche porque no permite crear tarjetas, informar a los consumidores, o interponer reclamaciones.
Ahora, por si fuera poco, también nos hemos quedado sin el punto de venta a todos los usuarios del alfoz (2.541.784 viajes registrados de estas líneas según datos de 2011), puesto que se ha eliminado el que se situaba en el kiosco mencionado. Por otro lado, no ha habido información alguna de este hecho.
Pero lo peor de todo, sin lugar a dudas, han sido las formas, más dignas de una mafia que de una empresa prestataria de un servicio de tod@s. Según el testimonio de la propietaria del puesto, la avisaron el pasado lunes 25 de marzo a las 9 horas de la mañana de que pasarían a retirarle la máquina de recargas; sólo una hora más tarde, es decir a las 10 horas, ejecutaron la retirada. Según la propietaria, han incumplido el contrato que tenían con ella, ya que le correspondía más tiempo tener este dispositivo.
Al final, surgen muchas preguntas: ¿por qué esta nocturnidad y estas formas mafiosas? ¿cómo harán los usuarios y usuarias que se dirijan a Gran Vía y necesiten, por ejemplo, recargar la tarjeta? Hay que recordar que el horario de Caja Rural es sólo de mañana y de lunes a viernes, la oficina de atención está en la estación de autobuses; ¿Cómo harán los usuarios que no son de Santa Marta? ¿Les quedará más cerca la estación de autobuses o el centro comercial -exclusivo de la línea de Santa Marta-?. ¿Si los ciudadanos de Santa Marta quedan como ciudadanos de segunda, en qué posición quedan los del resto de líneas? (sin olvidar que muchas personas necesitan transportarse diariamente entre los municipios). ¿Se trata de conseguir que la gente vaya obligada al centro comercial con algún interés mercantil?.
Todas estas y más preguntas nos surgen a los miembros de ACUSAM, que no entendemos estas decisiones porque son irracionales, ineficaces, injustas, insolidarias,... . En definitiva, no sólo no facilitan a los usuarios la movilidad con transporte público sino que pone más piedras en el camino para fomentar la universalidad del servicio, objetivo que debe ser prioritario por las autoridades políticas, que deben tomar cartas en el asunto.
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